Respuesta a la minera canadiense “Cardel”•

”• Javier Hernández Alpízar

Engañoso el discurso de la “Minera Cardel”. En la sección “A Revolución 11″, página 6 de diario Política del jueves 9 de febrero, vuelve a acusarme de “seguir tratando el tema de manera poco objetiva y sesgada”. Insiste en que la mina a tajo abierto “Caballo Blanco”, impulsada por la empresa canadiense GoldGroup Mining, bajo los nombres ad hoc “Candymin SA de CV” –con el que firma sus documentos ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat– y de “Minera Cardel”, nombre de apariencia local para una empresa canadiense, no daña el ambiente.

La firma, desde “Villa Rica, municipio de Actopan”, de nuevo el director general Rick Irvine. Cierra diciendo: “Insistimos, tenemos principios éticos de acción bien definidos y queremos ser un factor de desarrollo regional”. El discurso corporativo de la minera canadiense es que ellos tienen de su lado las razones “técnico científicas” y que han “demostrado técnicamente” que no harán daño ni a las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, ni al medio ambiente ni a las comunidades cercanas.

Tratan de ampararse en instituciones mexicanas, como el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Curiosamente ya no mencionan a la Universidad Veracruzana, la cual se ha deslindado públicamente de ellos, contrario a otros convenios que anteriormente la UV pregonó en su propio medio (el periódico Universo), como el realizado con otra empresa sumamente cuestionada y cuestionable, Granjas Carroll. La hipocresía es el homenaje del vicio a la virtud.

Pero vayamos al caso de la minera canadiense que pretende explotar oro y plata a cielo abierto en los cerros La Paila, Las Cruces y Bandera, a tres mil metros de Laguna Verde. La minera canadiense –al igual que otras de su país, que han explotado con la misma técnica en lugares como el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en El Carrizalillo en Guerrero, y en San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Oaxaca– insiste en que paga impuestos y que “respeta las leyes mexicanas”.

Hay muchas evidencias que pueden ayudar al lector a dimensionar los hechos. La primera es que busque la información sobre los otros proyectos mineros, idénticos a Caballo Blanco, y vea que, en los hechos, sí ocurren todos los daños ambientales que en Veracruz denuncia la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), y en otros lugares denuncian organizaciones como el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier de San Luis Potosí –que ha ganado legalmente a la minera, la cual opera por imposición del poder Ejecutivo, en los tiempos d Fox y ahora en los de Calderón–, y en Oaxaca, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Mi trabajo respeta ese tipo de evidencias, en la experiencia y el dolor de esos pueblos: En todos los casos, la mineras canadienses han tenido el mismo discurso “técnico científico” de que todo estará bajo control y remediarán los daños al entorno. En todos los casos, el discurso es falso y los daños, dolorosos, son muy reales.

La pregunta es: Si las minas a tajo abierto que usan masivamente explosivos y cianuro, están hechas para impulsar, “con principios éticos”, el desarrollo, los empleos y el bienestar, además de ser amables con el medio ambiente, ¿por qué están prohibidas en Canadá?

Esto no lo puede negar el firmante de la carta “aclaratoria” Richard Irvine, porque lo ha admitido en una entrevista con el periódico electrónico Plumas Libres (http://plumaslibres.com.mx/2012/01/29/minera–canadiense–viene–a–mexico–porque–en–su–pais–prohiben–proyectos–como–caballo–blanco/ ):

“El directivo reconoció que en países de primer mundo proyectos a cielo abierto como el de Caballo Blanco, que se realizan en los municipios de Alto Lucero y Actopan, estarían prohibidos.

– En Europa y Canadá ¿tienen proyectos como éstos?–

– No.

– ¿Únicamente en América Latina?

– Sí.

– ¿Está prohibida la minería a cielo abierto en países de Europa y en Canadá?

– Tengo conocimiento que sí, pero no puedo comentar más. Pero en México sí es permitido, ¿no?– comentó, sin dar más detalles”.

El diálogo es revelador. En estos momentos, circula una carta abierta al Parlamento de Canadá, en la cual le piden aprobar el proyecto de ley C–323 (Ley de promoción y protección internacional de los derechos humanos).

Se trata de una iniciativa de ley que permita juzgar por las violaciones a los derechos humanos que cometen empresas canadienses fuera de su territorio. Quienes promueven la firma de esta carta tienen en mente, entre otras, a las mineras canadienses que están operando con impunidad en América Latina, y lo señalan explícitamente en su exhorto a apoyarlos: “Desde Fronteras Comunes de Canadá (http://www.commonfrontiers.ca/) se está promoviendo el apoyo a una ley que permite que la justicia canadiense juzgue a las multinacionales por hechos cometidos fuera de su país. Este tipo de iniciativa es importante dentro de la campaña para judicializar a las mega mineras tóxicas”.

Los ejemplos de violaciones a derechos humanos que ponen en el papel son la minería canadiense Marlin (en Guatemala) y el proyecto hidroeléctrico Belo Monte (en Brasil). Pero a ellos pueden añadirse los proyectos mineros canadienses en México, arriba citados. El lector puede hallar las descripciones de algunas gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas por mineras canadienses en México en dos artículos: “Minería sangrienta”, de Francisco López Bárcenas (http://www.jornada.unam.mx/2012/02/04/politica/018a1pol) y “Las corporaciones de la muerte, mineras canadienses” de Gilberto López y Rivas (http://www.jornada.unam.mx/2012/02/03/opinion/022a1pol), ambos en La Jornada.

Hay una resolución del Parlamento Europeo prohibiendo el uso del cianuro en la extracción minera en todo el territorio de la Unión Europea: “El 5 de mayo de 2010, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pide a la Comisión se prohíba el uso de cianuro en la minería dentro del territorio de la UE antes de que acabe el 2011, con el fin de proteger el medio ambiente, la salud humana y la diversidad biológica”.

Una de las tragedias que inspiró esa resolución es ésta: “Europa ha experimentado de forma directa los peligros y consecuencias de este tipo de minería. La Resolución lo toma en consideración recordando que hace diez años se produjo una de las mayores tragedias medioambientales de la Europa Central, cuando el 30 de enero de 2000 se rompió un dique de contención de residuos de la mina de oro de Baia Mare, situada en Rumania. El derrame provocó que 100, 000 metros cúbicos de barro y aguas residuales –con una concentración de 126 miligramos de cianuro por litro– se vertieran por varios canales y afluentes hasta el curso superior del río Danubio a su paso por Belgrado, desembocando finalmente en el mar Negro. La tragedia tocó varios países centroeuropeos, por lo que la Resolución considera estas tecnologías, utilizadas y previstas para las actividades mineras, como un peligro transfronterizo. Sin embargo, a pesar del tiempo y las reflexiones en torno a la peligrosidad del cianuro, empresas como la sociedad Rosia Montana Gold Corporation (RMGC, una joint venture entre la canadiense Gabriel Resources y Minivest, una empresa pública rumana), siguen empeñadas en promover su uso”.

De modo que el Parlamento Europeo sí está poniendo a la ética por encima del lucro, pues “mediante Resolución promulgada el pasado 05 de mayo de 2010, prohibió de manera general el uso de tecnologías mineras a base de cianuro y solicitó una moratoria a la Comisión Europea antes del 2011 en este sentido”.

Los dos primeros acuerdos de la comisión del Parlamento Europeo son significativos: 1. Considera que el cumplimiento de los objetivos de la UE, establecidos en la Directiva marco sobre la política de aguas, esto es, conseguir un buen estado químico de las aguas y proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica, sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro;

2. Pide a la Comisión que proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras, y que, al mismo tiempo, proceda a una evaluación de impacto ordinaria… (http://www.rioslibres.info/?q=content/resoluci%C3%B3n-del-parlamento-europeo-de-5-de-mayo-de-2010-sobre-la-prohibici%C3%B3n-general-del-uso)

No es mentira que la minería que extrae oro y plata usando cianuro daña los mantos acuíferos, en consecuencia, mineras como GoldGroup Mining no pueden hacer el truco de formar mineras con nombres locales en Canadá y en Europa. Vienen a México, porque nuestras leyes son permisivas, no prohiben el cianuro por ejemplo, simplemente la Semarnat les pide un estudio de riesgo por usar más de un kilo de cianuro (basta el cianuro equivalente al tamaño de un grano de arroz para matar a un ser humano, y las mineras usan toneladas).

No me enfrascaré discutiendo la laxitud de las leyes en mi país con una empresa extranjera, solamente mencionaré que las autoridades en México son aún más laxas que las leyes. Ojalá aprueben en Canadá la ley que permita juzgar a empresas de ese país por las violaciones a derechos humanos fuera de su territorio. En México, tendremos que corregir nuestras leyes, prohibir el cianuro, poner el valor del agua por encima de otros menos importantes, como el oro.

La “objetividad” no consiste en aceptar toda la información, interesada, sesgada y parcial, que la minera canadiense pregona de su proyecto, hay algo más importante aún: que los mexicanos busquemos la verdad de los hechos, porque su discurso de “desarrollo” es sumamente engañoso.

Como de hecho esta carta está hecha para los lectores cotidianos (no me interesan los infundios de la minera canadiense, pero el que calla otorga, por eso es mi deber responder), dejo el tema de las leyes mexicanas y sus deficiencias para más adelante y comparto algunos números que dan a conocer los técnicos ambientalistas que han analizado la MIA de la empresa canadiense (hay que considerar que muy probablemente la empresa minimice lo que le conviene minimizar, no hay estudios hechos de manera independiente, todas las MIAs los hacen las empresas interesadas. Eso ya dice mucho del proceso “aprobatorio” de la Semarnat):

Solamente en la etapa de exploración, gastarían ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos metros cúbicos de agua.

En la etapa de explotación, la extensión directa de bosque primario que desaparecerá, según la empresa, es de ciento setenta punto sesenta y dos hectáreas. Las afectaciones indirectas ampliarían la cifra.

También en etapa de explotación, el consumo de agua es de tres mil metros cúbicos diarios por seis años, para el proyecto parcial de la zona norte (podría haber otras), agua bombeada desde los acuíferos de El Diamante, Actopan, y de la costa veracruzana. En suma: un millón noventa y cinco mil metros cúbicos anuales. La cantidad total de la etapa, seis millones veintidós mil quinientos metros cúbicos.

Piense el lector si conviene esa sobreexplotación (y contaminación, como saben bien en los parlamentos de Canadá y la Unión Europea) del agua en un país ya declarado en sequía y en una zona, Actopan, en donde las reses están muriendo y una mayor escasez de agua no les ayudará a mejorar.

Sustancias tóxicas. Cianuro de sodio: un mil quinientas toneladas en un año, y un total, en la fase explotación, de siete mil quinientas toneladas. Ácido clorhídrico: sesenta mil litros en un año, y en la etapa: un total de trescientos mil litros. Además, otras toneladas y miles de litros de sosa cáustica (sesenta toneladas anuales, un total en la etapa de trescientos mil toneladas), ácido nítrico, bórax, carbonato de sodio, fluxpar, litargirio. Imagine el transporte de estas sustancias, que en Europa ya han causado desgracias como la arriba citada, por las carreteras de Veracruz.

Consumo de combustibles fósiles, causantes del cambio climático: Diesel, un mínimo de cien mil litros mensuales, y un máximo de doscientos mil litros mensuales. Anualmente, entre un millón doscientos mil y dos millones cuatrocientos mil litros de diesel. Gasolina: trescientos sesenta mil litros anuales y un millón ochocientos mil litros en la etapa. Gas LP: Sesenta mil litros anuales y un total de trescientos mil litros. Además usarán: aceite, líquido enfriador, aceite para engranes, grasa lubricante, aceite hidráulico, hipoclorito de sodio, acetileno, acetona, peróxido de hidrógeno, oxígeno, acetileno, nitrato de plata, cal viva, ácido rodánico, millsperce, y otros químicos en cantidades pantagruélicas.

No nos vengan a dar lecciones de “objetividad” y “ética” quienes traen a nuestro país proyectos que en su país les han prohibido, precisamente en defensa de las aguas, los bosques y de la vida.

http://www.lapolitica.com.mx/?p=154929

DESASTRE ECOLOGICO NACIONAL

Napoleón Gómez Urrutia

Ala explotación desmedida del trabajo humano que con frecuencia se da en la actividad minera del país, hay que sumar desde hace mucho tiempo la devastación del medio ambiente que se produce en los sitios de extracción o beneficio de minerales y metales. Se trata de una explotación sin control de los recursos naturales, precisamente por falta de políticas y regulaciones del gobierno, donde éste obligue a las empresas mineras y metalúrgicas a cumplir con la conservación de aguas, suelos, subsuelo, bosques, atmósfera, plantíos, cañaverales y pastizales donde se destruye la biodiversidad.

La actividad de algunas de las empresas minero-metalúrgicas que actúan sin responsabilidad social, especialmente las más poderosas, va acompañada por el daño, hasta hoy irremediable, que se ocasiona a los sistemas ecológicos en las áreas de trabajo minero. Y si muy frecuentemente las empresas no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, higiene industrial y salud a sus propios trabajadores, tampoco lo hacen en materia de protección al medio ambiente. El hecho es que, según estimaciones del Inegi, el daño ambiental le cuesta al país 8 por ciento del producto interno bruto.

No hay que ir muy lejos para descubrir quién es el principal responsable de la tremenda destrucción ambiental. Es el gobierno federal, que con esto agrega otro fracaso a los que inocultablemente ha acumulado en los dos sexenios de política panista. La depredación ecológica en las minas y lugares adyacentes, una vez más es producto de una política unilateral y exenta de visión que sólo atiende al interés de un sector: el de las compañías mineras. Es evidente que existe una total inconformidad, porque el gobierno nunca consulta a los pueblos del entorno minero sobre los inevitables daños a la ecología de los lugares cuando otorga las concesiones a las empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Sobre todo cuando se abusa del agua en los procesos de producción y lavado de las tierras extraídas, contaminándola con cianuro y otros productos químicos, dejando sin este recurso básico a las comunidades. Hay una ausencia criminal del gobierno en este renglón, si no es que una participación cómplice y sumisa de gobernantes y políticos, que comienza en el momento en que la Secretaría de Economía concesiona fundos mineros a las compañías, sin definir ella misma los límites ni obligar a las empresas a establecer de antemano compromisos firmes e ineludibles para el respeto y la conservación de la naturaleza. La búsqueda de la ganancia determina las acciones empresariales y gubernamentales. De nuevo la ignorancia y la avaricia puestas al servicio únicamente de intereses particulares.

En los dos gobiernos conservadores surgidos desde el año 2000 se han otorgado concesiones mineras a manos llenas, sin ninguna limitación, al grado que las dos administraciones panistas han entregado 26 por ciento del territorio nacional a empresas tanto del país como de capital foráneo, y en los últimos años han aprobado 757 proyectos extranjeros para extracción minera. Esto significa que han cedido a grupos empresariales de la minería un total aproximado de 56 millones de hectáreas, en una dimensión territorial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión nacional. El gobierno otorga a unas cuantas empresas mineras y metalúrgicas mexicanas concesiones escandalosamente lesivas al interés nacional, como es el caso del Grupo México de Germán Larrea, al cual le obsequiaron recientemente más de 400 concesiones, cada una de ellas con más de 15 mil hectáreas, así como la dádiva inconstitucional de explotar el gas metano proveniente de las minas de carbón, cosas que ocurrieron en los momentos del homicidio industrial de Pasta de Conchos en febrero de 2006, del cual es responsable directa esa misma empresa. En ninguna de todas estas concesiones otorgadas ha habido un compromiso ambientalista serio, mucho menos de respeto a los derechos laborales y humanos, sino que la protección de la ecología sólo se quedó en las intenciones escritas pero difícilmente verificadas o nunca evaluadas.

Esto ha orillado a que las poblaciones de los sitios mineros protesten valientemente contra la devastación ecológica, por razones de simple supervivencia o en relación con la demanda indígena de respeto a sus lugares sagrados. Es larguísima la lista de las poblaciones que reaccionan contra esta situación, sin que el gobierno les dé cauce o solución. Así vemos cómo la empresa de capital canadiense Minera San Xavier, de explotación del oro y otros minerales, ha devastado el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, con el apoyo cómplice de gobernantes federales y estatales, donde se ha denunciado la participación del ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún entre los beneficiarios de esta depredación, pese a las protestas de sus pobladores y de un amplio sector de la sociedad civil. De la misma manera, ante la cauda innumerable de violaciones ecológicas, los gobiernos federal y casi todos los de los 26 estados donde hay explotaciones mineras sólo formulan vagas promesas y le dan soluciones largas a los problemas de fondo. Pero eso sí, en vez de atenderlos, utilizan la fuerza pública para reprimir las protestas de las comunidades, lo mismo que hacen con los reclamos laborales de los trabajadores mineros.

Esta es una situación de desastre verdaderamente grave, que debe ponerse en un primer lugar de las prioridades nacionales en el futuro próximo. Es una insensatez absoluta y suicida la manera en que se manejan las concesiones mineras y se ignora en ellas la protección y la conservación de la ecología. México requiere de una política radical y enérgica en contra de la dilapidación de los recursos naturales no renovables

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/025a1pol



VIDEO PROMOCIONAL FESTIVAL DE CERRO DE SAN PEDRO 2012

CONVOCATORIA

El Comité Organizador del Festival Cultural de Cerro de San Pedro, anuncia la realización de su Onceava edición este 17 y 18 de marzo del 2012, teniendo como eje la defensa de la legalidad, en todos los lugares de San Luis Potosí, México y la Tierra, que en este momento sufren el acoso de las empresas mineras y la indolencia de los gobiernos.

Convocamos a todas las fuerzas sociales a que continuemos la defensa de la Vida, el Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico y Cultural de los pueblos, en el ámbito local, nacional e internacional, por este motivo, el Onceavo Festival Cultural de Cerro de San Pedro se acerca a la ciudad de San Luis Potosí, de tal forma que la Resistencia al Gobierno y al opresor extranjero se trasladara el día 18 a las Plazas de la Ciudad Capital, para demostrar que la sociedad se resiste y mantiene una perspectiva de victoria.

Y como desde la primera edición del Festival repetimos: “Nuestras armas son La Cultura, las Artes Plásticas, La Música, las conferencias, el Cine, El Teatro, las excursiones, la presentación de trabajos académicos y periodísticos”.

 FRATERNALMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR

ENTREVISTA CON EL FUNDADOR DEL FAO PARTE III

Mineras logran control territorial y son poderes de facto• El Estado pierde la autoridad ante las transnacionales

• Cooptan gobiernos, instituciones, iglesias y universidades

• San Xavier ha operado por años sin permiso lícito

• FAO ha ganado tres sentencias definitivas, nadie las ejecuta

Javier Hernández Alpízar, tercera y última.– Las minas a cielo abierto dan a las empresas transnacionales (en el caso de México, la inmensa mayoría canadienses) un control territorial que las vuelve poderes de facto, explicó Mario Martínez Ramos, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), y también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA): “En lo político, de esa cuarta parte del país (aproximadamente 25% del territorio nacional está concesionado a minas), el gobierno pierde el control político, ellos imponen presidentes municipales, gobernadores.

En la última parte de esta entrevista, don Mario Martínez cuenta cómo la Minera San Xavier perdió todos los procesos legales ante el Frente Amplio Opositor, pero nunca ha cerrado, por la corrupción del Estado y de todos los niveles de gobierno en México y en San Luis Potosí.

El FAO presentó, como prueba ante un juzgado, un video en el que, en sesión de Cabildo, el presidente municipal le pidió a sus funcionarios dar los permisos, que durante meses había negado, porque estaba amenazado –dijo llorando– de muerte por el gobierno federal, el estatal y la empresa.

La lucha jurídica ha sido siempre en ese tenor: La ley contra el poder de facto. “Fíjate, el control y el poder de estas empresas. En el Cerro de San Pedro, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio el permiso en 1999, de forma ilegal, violando los decretos (de área natural y patrimonio histórico protegidos), y otras leyes, metimos un Juicio de Nulidad, que, pasando todas las instancias, llegó hasta a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la máxima autoridad administrativa en México, y hasta el 2004, después de pasar por muchas instancias, el Tribunal Colegiado dijo: “El proyecto de San Xavier es ilegal. Y queda anulado”, porque violó tales y tales decretos. La resolución, la sentencia, fue lisa y llana, que, en lo jurídico es definitiva. No tiene retroceso ya, queda como cosa juzgada, Eso fue el primero de septiembre de 2004. ¿Cuántos años hace?, y ahí está la Minera trabajando.

La cooptación de autoridades, gobiernos e instituciones

Tienen el poder de comprar jueces, magistrados. Tenemos a dos magistrados de la Sala Superior indiciados. Tres veces han juzgado el mismo caso. Cosa que no se puede, juzgar a alguien dos veces por la misma causa. En este caso, ya se juzgó tres veces, y las tres ha quedado como cosa juzgada, y siguen, están ahí. Porque tienen un control… Metes demandas, y el caso, dices, lo tienes ganado.

Llega la empresa minera, que tiene su grupo de choque preparado. Le dice: “Necesito esas tierras, son ejidales, los ejidatarios no quieren el proyecto. Hacemos un contrato y me lo firmas, tú réntame las tierras”. Porque hay un acta de Asamblea Ejidal. Y le dicen: “Pero es que ahí está el pueblo también, dentro del contrato que usted quiere que firme”. “Yo respondo, tú fírmale. Te voy a pagar tanto anual”. Y un grupo de gente que no era del pueblo, no eran ejidatarios ni posesionarios de la tierra, ni dueños, le rentó a la Minera San Xavier 298 hectáreas de terreno, y le rentó todo el poblado, la presidencia municipal, los templos, las casas habitación, todo está rentado a la Minera San Xavier. Y ese contrato no lo pueden echar abajo los ejidatarios, porque el Tribunal Agrario dijo: “Es ilegal ese contrato, pero yo no soy autoridad judicial”. Pero quienes lo rentaron merecen otro tipo de juicio, una demanda penal. Mete y mete demandas penales. Hasta México se han ido a meter, y ahí las avientan. Es el control que tienen las empresas.

La corrupción de universidades e investigadores

A las universidades las tienen controladas. Ahorita, en San Luis, hay un escandalazo por eso. Las empresas mineras, para avalar sus ilegales contratos, agarran a la universidad, y le meten dinero, apoyos. Entonces ellos piden: “Que sea la universidad, una institución independiente, autónoma, imparcial, la que diga si el proyecto es bueno o malo”. Pero primero ya los cooptó y la universidad dice: “Sí, sí se puede. Nada más hagan esto y lo otro”. Y las controla.

Después, ya cuando les dan el permiso, se forma una comisión –y eso es en donde quiera, no nada más en San Pedro– que va a dar seguimiento, a vigilar para que la empresa cumpla todos los requisitos que le pusieron. Le ponen condiciones: “Vas a operar, pero vas a estar monitoreando. Haz un pozo y vas a estar monitoreando el acuífero. Y están sacando muestras, y cuando ya esté contaminado, ahí le paras”. Así, son las condicionantes.

La calidad del aire. “Nos vas a dar, como comisión, un informe de la contaminación del aire. Nosotros te decimos si es aceptable de acuerdo con las normas ecológicas, o de salud, o si no”. Claro que siempre salen bien. Porque, entonces, estos investigadores de la universidad, las empresas, como en el Cerro de San Pedro, les dicen: – Necesito un estudio que diga que la calidad del aire es buena, ¿cuánto me cobran? – Pues te cobramos tanto. Entonces la calidad del aire sale buena, la del agua sale buena, están cumpliendo con todo. Así están.

En otras partes, hasta las empresas les dan, y la universidades tienen, acciones de las empresas, como apoyo. Y los tienen controlados. Tienen control de la iglesia, de la universidad, de jueces, todo. Es un problema de verdad grave, el de las mineras.

“Ni los cárteles tienen redes de corrupción tan grandes como los tienen las empresas mineras, te lo aseguro”, dijo el representante del FAO.

La presión política, la tercera lucha del FAO

La pregunta es ¿cómo pueden enfrentarse a eso? El entrevistado respondió:

Estamos dedicados nada más a eso. Ingenieros, abogados especialistas en derecho agrario, administrativo, geólogos, hidrólogos, que nos movemos y cada vez estamos… como ahorita, hubo una resolución en la cual, por tercera vez, la Sala Superior le dice a la empresa: “Ese proyecto es ilegal, así que debe pararlo”.

Lo que pasa es que vamos con la Semarnat. Hacemos manifestaciones, le hacemos un despapaye ahí afuera de sus oficinas, en México. La resintió, y dijo: “Voy a decirle a la Minera San Xavier que voy a dar ejecutoria a lo que dicen los tribunales”. Y le dice la Minera San Xavier: “De acuerdo con la sentencia del tribunal y tal, en relación con el permiso que otorgué en 1999… y porque el tribunal sentenció que se violó esto y esto, queda sin efecto el permiso que te di para que operaras”. Y dice: “Ya cumplí”. ¿Pero: no se para? Bueno, ahí está la Profepa, que es el brazo ejecutor. Y la Profepa dice: “Pero yo no soy poder judicial. Yo, si voy, voy a hacer una inspección de rutina, pero no puedo ejecutar una resolución de un tribunal, es otra cosa”.

Entonces fue y dijo: “A mí, mi reglamento me dice que vaya yo e inspeccione, a ver si tienen permiso”. Pero ¿qué tienen que ir a ver? Les hemos ganado tres veces, y aquí está el documento que dice que no tienen permiso, qué caso tiene que vayan a preguntarle a la minera: “¿Tienes permiso?” Si aquí está diciendo que no tienen. “No, no, yo no puedo ir por otro lado”, dice Profepa. “Tengo veinte días y vengo y analizo. Y si no tienen permiso, les digo: Tienes que arreglar tus papeles. Y si me pide un plazo, tengo que dárselo. Y si mete un amparo, tengo que respetar el amparo”. Así se la ha llevado.

Así se han pasado seis años (contados en 2010), operando sin un solo permiso. El tribunal te dice: “Ya cumplí, ya dije que ese proyecto es ilegal, ahora busquen la autoridad adecuada para que vaya con la fuerza pública y los saque de ahí, pero yo ya cumplí”.

Ya metimos una demanda penal contra el delegado de Profepa en San Luis. Ya lo traemos al ahí, por desacato. González Schmal nos está ayudando a hacer una demanda penal contra Patrón Laviada (en ese tiempo, titular de la Profepa), y no les van a hacer nada, pero es una medida de presión, de estarlos jode y jode. Igualmente metemos una contra un juez.

La gente de la comunidad está asustada. Voy al pueblo, yo nací en ese pueblo, tengo familia ahí, fuimos mineros, pero hay gente que llego y me dice la gente, a escondidas: “Sabes qué, no puedo platicar contigo, porque me tienen amenazado, si no, nos golpean”. Tienen prohibido que platiquen con los opositores.

Nuestra lucha ya no es ambiental ni jurídica, esas ya las ganamos: Ahora es política: Presionar por todos los medios a las autoridades federales para que se cumpla lo mandatado los tribunales. La presión es demandando al procurador, a los jueces, hacerle escándalos a Profepa, exhibirlos.