El día 17 de noviembre de 2001 en diversos diarios locales apareció una noticia en la que se alude a la resolución que el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en San Luis Potosí emitió en el toca 316/2011 ratificando la resolución que en el amparo 532/2011 ya había emitido el Juez Sexto de Distrito del mismo circuito en el que desecha el dicho amparo que promovió Pro San Luis Ecológico A.C. por considerar erróneamente que se interpuso fuera de tiempo, tan fue así que un Magistrado honesto de los tres que dieron el fallo, emitió un voto particular en el que se inconforma con la resolución y hace una exposición de los hechos y demuestra que hubo exceso y parcialidad en la resolución.
Pero además en ningún momento los tribunales se enfocaron en determinar si Cerro de San Pedro es un lugar con vocación minera o como lo clasifica un decreto de 24 de septiembre de 1993 “Zona de preservación de la vida Silvestre”. El Amparo que Pro San Luis Ecológico interpuso, se centraba en la inconformidad en contra de las autoridades del municipio de Cerro de San Pedro y otras estatales, por no haber cumplido como lo marca la Ley con las normas que se deben cumplimentar para llevar a cabo un Plan de Ordenación municipal que se ejecutó a escondidas de la población afectada y que comprende los cinco municipios conurbados a la capital del estado, ya que estos eran protegidos ambientalmente por el Decreto de 1993, lo cual ahora los hace sumamente vulnerables a la contaminación que genera la empresa New Gold-Minera San Xavier y otras que se pretenden instalar en el municipio, sobre todo por que todas incluyendo la capital del estado se surten del mismo acuífero, que de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental que emitió la dicha empresa minera va a ser contaminado por sus actividades.
En si dicha resolución en nada cambia la situación de ilegalidad en la que ha estado operando Minera San Xavier, al contrario deja de manifiesto que desde 1995 ha estado operando en una zona que por decreto está prohibida para actividades mineras, y que hasta ahora la misma en complicidad con las autoridades estatales y municipales están tratando de echar para abajo ese decreto para justificar que ahora si ya trabajan legalmente
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