Napoleón Gómez Urrutia
Ala explotación desmedida del trabajo humano que con frecuencia se da en la actividad minera del país, hay que sumar desde hace mucho tiempo la devastación del medio ambiente que se produce en los sitios de extracción o beneficio de minerales y metales. Se trata de una explotación sin control de los recursos naturales, precisamente por falta de políticas y regulaciones del gobierno, donde éste obligue a las empresas mineras y metalúrgicas a cumplir con la conservación de aguas, suelos, subsuelo, bosques, atmósfera, plantíos, cañaverales y pastizales donde se destruye la biodiversidad.
La actividad de algunas de las empresas minero-metalúrgicas que actúan sin responsabilidad social, especialmente las más poderosas, va acompañada por el daño, hasta hoy irremediable, que se ocasiona a los sistemas ecológicos en las áreas de trabajo minero. Y si muy frecuentemente las empresas no ofrecen las condiciones básicas de seguridad, higiene industrial y salud a sus propios trabajadores, tampoco lo hacen en materia de protección al medio ambiente. El hecho es que, según estimaciones del Inegi, el daño ambiental le cuesta al país 8 por ciento del producto interno bruto.
No hay que ir muy lejos para descubrir quién es el principal responsable de la tremenda destrucción ambiental. Es el gobierno federal, que con esto agrega otro fracaso a los que inocultablemente ha acumulado en los dos sexenios de política panista. La depredación ecológica en las minas y lugares adyacentes, una vez más es producto de una política unilateral y exenta de visión que sólo atiende al interés de un sector: el de las compañías mineras. Es evidente que existe una total inconformidad, porque el gobierno nunca consulta a los pueblos del entorno minero sobre los inevitables daños a la ecología de los lugares cuando otorga las concesiones a las empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Sobre todo cuando se abusa del agua en los procesos de producción y lavado de las tierras extraídas, contaminándola con cianuro y otros productos químicos, dejando sin este recurso básico a las comunidades. Hay una ausencia criminal del gobierno en este renglón, si no es que una participación cómplice y sumisa de gobernantes y políticos, que comienza en el momento en que la Secretaría de Economía concesiona fundos mineros a las compañías, sin definir ella misma los límites ni obligar a las empresas a establecer de antemano compromisos firmes e ineludibles para el respeto y la conservación de la naturaleza. La búsqueda de la ganancia determina las acciones empresariales y gubernamentales. De nuevo la ignorancia y la avaricia puestas al servicio únicamente de intereses particulares.
En los dos gobiernos conservadores surgidos desde el año 2000 se han otorgado concesiones mineras a manos llenas, sin ninguna limitación, al grado que las dos administraciones panistas han entregado 26 por ciento del territorio nacional a empresas tanto del país como de capital foráneo, y en los últimos años han aprobado 757 proyectos extranjeros para extracción minera. Esto significa que han cedido a grupos empresariales de la minería un total aproximado de 56 millones de hectáreas, en una dimensión territorial de 200 millones de hectáreas de toda la extensión nacional. El gobierno otorga a unas cuantas empresas mineras y metalúrgicas mexicanas concesiones escandalosamente lesivas al interés nacional, como es el caso del Grupo México de Germán Larrea, al cual le obsequiaron recientemente más de 400 concesiones, cada una de ellas con más de 15 mil hectáreas, así como la dádiva inconstitucional de explotar el gas metano proveniente de las minas de carbón, cosas que ocurrieron en los momentos del homicidio industrial de Pasta de Conchos en febrero de 2006, del cual es responsable directa esa misma empresa. En ninguna de todas estas concesiones otorgadas ha habido un compromiso ambientalista serio, mucho menos de respeto a los derechos laborales y humanos, sino que la protección de la ecología sólo se quedó en las intenciones escritas pero difícilmente verificadas o nunca evaluadas.
Esto ha orillado a que las poblaciones de los sitios mineros protesten valientemente contra la devastación ecológica, por razones de simple supervivencia o en relación con la demanda indígena de respeto a sus lugares sagrados. Es larguísima la lista de las poblaciones que reaccionan contra esta situación, sin que el gobierno les dé cauce o solución. Así vemos cómo la empresa de capital canadiense Minera San Xavier, de explotación del oro y otros minerales, ha devastado el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, con el apoyo cómplice de gobernantes federales y estatales, donde se ha denunciado la participación del ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún entre los beneficiarios de esta depredación, pese a las protestas de sus pobladores y de un amplio sector de la sociedad civil. De la misma manera, ante la cauda innumerable de violaciones ecológicas, los gobiernos federal y casi todos los de los 26 estados donde hay explotaciones mineras sólo formulan vagas promesas y le dan soluciones largas a los problemas de fondo. Pero eso sí, en vez de atenderlos, utilizan la fuerza pública para reprimir las protestas de las comunidades, lo mismo que hacen con los reclamos laborales de los trabajadores mineros.
Esta es una situación de desastre verdaderamente grave, que debe ponerse en un primer lugar de las prioridades nacionales en el futuro próximo. Es una insensatez absoluta y suicida la manera en que se manejan las concesiones mineras y se ignora en ellas la protección y la conservación de la ecología. México requiere de una política radical y enérgica en contra de la dilapidación de los recursos naturales no renovables
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