En el año 2007, fue elaborado por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) el Informe final de la Consulta sobre Lugares Sagrados del Pueblo Wixarika, mismo que fue publicado en dicha entidad de gobierno con fecha 26 de mayo del 2011 (con mucha posterioridad), dicho informe dio como resultado una serie de inquietudes del pueblo original relativas a la conservación de los lugares sagrados, así como la necesidad de remediar los sitios afectados por la actividad e industrial. Basándose en dicho documento, pero de ninguna manera sin consultar sobre la reactivación de la minería y mucho menos de nuevos proyectos, se implemento el Plan de Manejo del Área Sagrada de Wirikuta, el cual de manera inverosímil, da una aparente viabilidad a la minería en zonas de la reserva, es decir, de manera unilateral, el organismo gubernamental encargado definió y delimito las actividades que pudieran realizarse en el área de Wirikuta, como ya es de dominio público, precisamente en los lugares en que pretende realizar el proyecto Minero.
Nuevamente, en agosto del año 2011, sin realizar una debida consulta al pueblo Wixarika, la Secretaria de la Reforma Agraria, la tristemente celebre CDI y un grupo minoritario de compañeros Wixaritari, hacen un replanteo de los linderos del área de Wirikuta incumpliendo el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual se incorporó con la reforma de 2001 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que obliga a los gobiernos federal, estatal y municipal consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal, así como cualquier modificación o acto que pudiera afectar la zonas sagradas de dichos pueblos.
Ahora bien, una vez más, en medio de una inconmensurable campaña mediática, se anuncia con fecha 24 de mayo del 2012, una supuesta solución al conflicto de Wirikuta, en dicha “solución” se establece que se ha creara una reserva minera nacional en la que no se darán nuevas concesiones, pero que sin embargo no quedaran anuladas la ya otorgadas, (como las del proyecto universo de Revolution Resources Corporation) y que aunado a dicha situación, la empresa First Majestic, entrega 761 hectáreas de las más de 6678 hectáreas de las concesiones para que se adicione a la reserva minera de Wirikuta.
Muy lejos esta esto de ser una solución al conflicto, toda vez que la empresa Canadiense, “entrega” convenientemente las zonas estériles, donde no hay mineralización económica y conserva las zonas explotables, es decir no cambia en nada sus planes extractivos. TODO SEGUIRA IGUAL.
De igual forma, se olvidan convenientemente de las concesiones otorgadas a los proyectos mineros de Revolution Resources Corporation, que estudios científicos plantean la posibilidad de que la zona de Wirikuta sea un yacimiento del tipo Carlin, llamado también de “oro invisible”, es decir Oro finamente diseminado en rocas sedimentarias similar al de la provincia de Bassin and Range en Nevada EEUU en donde se desarrollan las explotaciones a tajo a cielo abierto más grandes del mundo y que la acción del gobierno dejara intocados.
La maniobra, no es más que una estrategia mediática para desarticular el movimiento y dar la percepción de que el conflicto ha concluido, esta estrategia no es nada nuevo, la han implementado en Cerro de San Pedro, con las terribles consecuencias que todos conocemos.
Se evidencia la ya muchas veces denunciada complicidad de los entreguistas con las empresas extranjeras, el dúo que conforma el gobierno federal y la empresa canadiense, escogieron el momento de efervescencia electoral para dar un golpe, así, el gobierno de Calderón muestra su cara de operador al servicio de los depredadores del medio ambiente.
Por tal motivo, se debe hacer un llamado a todos los defensores de Wirikuta a no dejarse engañar, no caer en el divisionismo que el gobierno abona y seguir en la resistencia, pues además del pretendido golpe mediático, la empresa minera anuncio la inversión de 10 millones de dólares para mitigar el impacto ambiental en la zona, es decir aproximadamente 140 millones de pesos, que es el precio que los extranjeros le ponen a la vida y a las tradiciones de un pueblo milenario.
Comunicado de la Presidencia.
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