También están en riesgo de ser dinamitados templos, escuela y otros edificios
De julio de 2005 a marzo de 2010 la firma detonó cada día una carga de 25 toneladas de explosivos
Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.
Jaime Avilés, enviado. Cerro de San Pedro, SLP
Uno de los casos más emblemáticos de la corrupción que generan las empresas mineras para obtener impunidad es el del cerro de San Pedro, que de julio de 2005 a marzo de 2010 fue reducido a polvo por la canadiense New Gold Inc, a través de su filial, Minera San Xavier, la cual nunca ha tenido permisos legales para explotar ese yacimiento de oro y plata, a sólo 8 kilómetros de la capital del estado.
La historia de este lugar está ligada a la de México. En 1594 terminó aquí la Guerra Chichimeca, que llevaba más de 50 años en el desierto. En lo espiritual el cerro quedó a cargo de san Pedro, porque tres de sus nuevos dueños se llamaban Pedro, mientras en lo administrativo se sometió a la villa de San Luis Minas del Potosí, hoy convertida en una ciudad de un millón 600 mil habitantes.
El nombre –San Luis Minas del Potosí– anudó el aura milagrosa de san Luis Rey con la vocación mineral del desierto y el mito del Potosí (palabra que Cervantes puso de moda como sinónimo de inmensa riqueza). No por nada, en el escudo de armas de la entidad aparece el rey Luis IX de Francia, de pie sobre el cerro de San Pedro, entre un lingote de oro y otro de plata.
Pese a lo anterior, gracias a Minera San Xavier y a todos los poderosos que cortejó y sedujo, el cerro de San Pedro ya no existe, pero ahora también están en riesgo de ser dinamitados sus templos, su escuela, su barbería, su panadería y otros edificios de gran valor arquitectónico que pertenecen al patrimonio cultural del país.
Mario Martínez Ramos, ingeniero geólogo e hidrólogo, sabio conocedor del tema, nació en este pueblo cuando la mina era explotada a través de un pozo vertical, de 500 metros de profundidad, por el que los trabajadores subían y bajaban en “calesas” –elevadores de madera jalados con cuerdas– y el agua acumulada en el fondo era expulsaba por bombeo.
Entonces, recuerda, “cada tonelada de roca daba siete gramos de oro”. La mina cerró en 1949, porque tras la Segunda Guerra Mundial “había pedazos de metal regados por toda Europa y eso abatió la demanda”. La fiebre del oro, sin embargo, reapareció al final del sexenio de Ernesto Zedillo.
El 26 de febrero de 1999, Julia Carabias, entonces secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), otorgó a Minera San Xavier una “autorización de impacto ambiental”, con lo cual violó un decreto federal del 6 de enero de 1972, que declara al cerro de San Pedro “zona de monumentos” coloniales, así como un decreto estatal del 24 de septiembre de 1993, que lo define como “zona de preservación de vida silvestre” y prohíbe toda actividad industrial.
No obstante, Zedillo autorizó a Minera San Xavier demoler el cerro y extraer oro y plata por el sistema de lixiviación, que consiste en lo siguiente: una vez triturada, la roca es depositada en largas tinas metálicas al aire libre y bañada con toneladas de cianuro y millones de litros de agua. La reacción química forma una “solución preñada” y ésta escurre hacia las cazuelas que recogen las partículas de los metales preciosos. Los desechos tóxicos son arrojados al suelo y por filtración llegan a los mantos del subsuelo que abastecen de agua a los habitantes de San Luis Potosí.
Para invalidar esa autorización, don Mario, decenas de activistas del pueblo así como ambientalistas de San Luis y de otras regiones del país y del mundo, fundaron el Frente Amplio Opositor (FAO). Se argumentó que Semarnap violó los decretos que protegen la flora, fauna y los monumentos coloniales pero, además, ignoró que el cerro de San Pedro está a 2 mil 50 metros de altura sobre el nivel del mar y por ello 250 metros más arriba de San Luis Potosí, por lo que, de modo inevitable, “los escurrimientos de agua superficiales y subterráneos” se dirigirán a la capital del estado, y “los vientos dominantes (que) viajan de oriente a poniente” llevarán hacia allá los vapores tóxicos que exhala el cianuro. Por lo tanto, concluyeron, ambos factores perjudicarán “gravemente la salud de más de un millón y medio de personas”.
La batalla se prolongó hasta el primero de septiembre de 2004, cuando el Tribunal Superior falló a favor del FAO. De inmediato, el gobierno de Vicente Fox apeló, pero el tribunal ratificó su sentencia el 5 de octubre de 2005. Una nueva contrademanda reabrió el proceso pero la resolución de los magistrados fue reconfirmada el 21 de septiembre de 2009. Con lealtad digna de mejor causa, el gobierno federal volvió a la carga y, por cuarta ocasión, el Tribunal Superior le dio la espalda en noviembre de 2010, sólo que en esta ocasión Semarnat no informó a los quejosos, es decir, al FAO, que habían derrotado a otra vez a Minera San Xavier.
“Nosotros nos enteramos de chiripa por Internet en abril de 2011”, cuenta el ingeniero Martínez Ramos, quien gracias a la experiencia que ha acumulado como defensor de su pueblo natal hoy coordina la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en la zona norte del país, y asesora a los distintos movimientos de resistencia ciudadana que se ven amenazados por las compañías extractivas.
“Hemos ganado todas las instancias legales, pero la alianza entre la minera y el gobierno es mucho más poderosa que la ley”. Lo dice porque le consta. Recuerda que en 2004 Fox llegó a Cerro de San Pedro y se llevó al presidente municipal a Los Pinos para obligarlo a darle a Minera San Xavier un permiso especial. Así, de julio de 2005 a marzo de 2010, la firma detonó cada día una carga de 25 toneladas de explosivos para volar 80 mil toneladas de roca, de las cuales 32 mil toneladas pasaron a las tinas de lixiviación donde cada tonelada produjo... medio gramo de oro.
Parece una cantidad risible. No lo es: de cada 32 mil toneladas, Minera San Xavier obtuvo 15 kilos de oro al día, lo que a precios de 2010 le dio una ganancia anual estimada en 218 millones de dólares. El cerro de San Pedro fue borrado del mapa en cinco años, a cambio de mil millones de dólares, pero la destrucción avanza y ahora pretende derribar las iglesias y todas las demás edificaciones del pueblo, porque el precio actual del oro ronda los mil 900 dólares por onza.
Para el ingeniero Martínez Ramos, “ese dinero le basta y sobra a Minera San Xavier para comprar la simpatía de todas las autoridades”.
Este reportero comprobó que a pesar de los datos, aún no documentados, según los cuales la contaminación del suelo, del agua y del aire ha incrementado las muertes por enfermedades de tipo degenerativo, la empresa es custodiada por el Ejército, al que le construyó un cuartel a la medida; además, cuenta con la bendición de don José Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí; el aval técnico y científico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la protección de todas las instancias de gobierno a escala municipal, estatal y federal.
Tantos poderes, tantas influencias, acabaron por engendrar un monstruo jurídico, pues luego de ocultar el fallo adverso a Minera San Xavier que el Tribunal Superior emitió el pasa- d o 10 de noviembre, el gobierno estatal publicó el 26 de marzo de 2011 un decreto para anunciar que Cerro de San Pedro cambió su uso de suelo –ya no es de “preservación de vida silvestre” sino de “explotación minera”– y el de cuatro municipios que la rodean, incluyendo la ciudad de San Luis Potosí, que de tal suerte en un descuido también podría ser destruida con cargas de explosivos, para que los canadienses extraigan el oro que recubre los altares de sus iglesias...
En consecuencia, el pasado 11 de agosto Semarnat le otorgó una nueva autorización de impacto ambiental.
Es, resume don Mario, la misma táctica que usan hace más de 15 años: “se cobijan en documentos ilegales, que mientras son echados abajo por los jueces les permiten ganar tiempo para seguir trabajando. Lo que todos los mexicanos debemos preguntarnos es: ¿dónde está la riqueza que han obtenido las mineras en México? Aquí ni siquiera pagan impuestos”
La historia de este lugar está ligada a la de México. En 1594 terminó aquí la Guerra Chichimeca, que llevaba más de 50 años en el desierto. En lo espiritual el cerro quedó a cargo de san Pedro, porque tres de sus nuevos dueños se llamaban Pedro, mientras en lo administrativo se sometió a la villa de San Luis Minas del Potosí, hoy convertida en una ciudad de un millón 600 mil habitantes.
El nombre –San Luis Minas del Potosí– anudó el aura milagrosa de san Luis Rey con la vocación mineral del desierto y el mito del Potosí (palabra que Cervantes puso de moda como sinónimo de inmensa riqueza). No por nada, en el escudo de armas de la entidad aparece el rey Luis IX de Francia, de pie sobre el cerro de San Pedro, entre un lingote de oro y otro de plata.
Pese a lo anterior, gracias a Minera San Xavier y a todos los poderosos que cortejó y sedujo, el cerro de San Pedro ya no existe, pero ahora también están en riesgo de ser dinamitados sus templos, su escuela, su barbería, su panadería y otros edificios de gran valor arquitectónico que pertenecen al patrimonio cultural del país.
Mario Martínez Ramos, ingeniero geólogo e hidrólogo, sabio conocedor del tema, nació en este pueblo cuando la mina era explotada a través de un pozo vertical, de 500 metros de profundidad, por el que los trabajadores subían y bajaban en “calesas” –elevadores de madera jalados con cuerdas– y el agua acumulada en el fondo era expulsaba por bombeo.
Entonces, recuerda, “cada tonelada de roca daba siete gramos de oro”. La mina cerró en 1949, porque tras la Segunda Guerra Mundial “había pedazos de metal regados por toda Europa y eso abatió la demanda”. La fiebre del oro, sin embargo, reapareció al final del sexenio de Ernesto Zedillo.
El 26 de febrero de 1999, Julia Carabias, entonces secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), otorgó a Minera San Xavier una “autorización de impacto ambiental”, con lo cual violó un decreto federal del 6 de enero de 1972, que declara al cerro de San Pedro “zona de monumentos” coloniales, así como un decreto estatal del 24 de septiembre de 1993, que lo define como “zona de preservación de vida silvestre” y prohíbe toda actividad industrial.
No obstante, Zedillo autorizó a Minera San Xavier demoler el cerro y extraer oro y plata por el sistema de lixiviación, que consiste en lo siguiente: una vez triturada, la roca es depositada en largas tinas metálicas al aire libre y bañada con toneladas de cianuro y millones de litros de agua. La reacción química forma una “solución preñada” y ésta escurre hacia las cazuelas que recogen las partículas de los metales preciosos. Los desechos tóxicos son arrojados al suelo y por filtración llegan a los mantos del subsuelo que abastecen de agua a los habitantes de San Luis Potosí.
Para invalidar esa autorización, don Mario, decenas de activistas del pueblo así como ambientalistas de San Luis y de otras regiones del país y del mundo, fundaron el Frente Amplio Opositor (FAO). Se argumentó que Semarnap violó los decretos que protegen la flora, fauna y los monumentos coloniales pero, además, ignoró que el cerro de San Pedro está a 2 mil 50 metros de altura sobre el nivel del mar y por ello 250 metros más arriba de San Luis Potosí, por lo que, de modo inevitable, “los escurrimientos de agua superficiales y subterráneos” se dirigirán a la capital del estado, y “los vientos dominantes (que) viajan de oriente a poniente” llevarán hacia allá los vapores tóxicos que exhala el cianuro. Por lo tanto, concluyeron, ambos factores perjudicarán “gravemente la salud de más de un millón y medio de personas”.
La batalla se prolongó hasta el primero de septiembre de 2004, cuando el Tribunal Superior falló a favor del FAO. De inmediato, el gobierno de Vicente Fox apeló, pero el tribunal ratificó su sentencia el 5 de octubre de 2005. Una nueva contrademanda reabrió el proceso pero la resolución de los magistrados fue reconfirmada el 21 de septiembre de 2009. Con lealtad digna de mejor causa, el gobierno federal volvió a la carga y, por cuarta ocasión, el Tribunal Superior le dio la espalda en noviembre de 2010, sólo que en esta ocasión Semarnat no informó a los quejosos, es decir, al FAO, que habían derrotado a otra vez a Minera San Xavier.
“Nosotros nos enteramos de chiripa por Internet en abril de 2011”, cuenta el ingeniero Martínez Ramos, quien gracias a la experiencia que ha acumulado como defensor de su pueblo natal hoy coordina la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en la zona norte del país, y asesora a los distintos movimientos de resistencia ciudadana que se ven amenazados por las compañías extractivas.
“Hemos ganado todas las instancias legales, pero la alianza entre la minera y el gobierno es mucho más poderosa que la ley”. Lo dice porque le consta. Recuerda que en 2004 Fox llegó a Cerro de San Pedro y se llevó al presidente municipal a Los Pinos para obligarlo a darle a Minera San Xavier un permiso especial. Así, de julio de 2005 a marzo de 2010, la firma detonó cada día una carga de 25 toneladas de explosivos para volar 80 mil toneladas de roca, de las cuales 32 mil toneladas pasaron a las tinas de lixiviación donde cada tonelada produjo... medio gramo de oro.
Parece una cantidad risible. No lo es: de cada 32 mil toneladas, Minera San Xavier obtuvo 15 kilos de oro al día, lo que a precios de 2010 le dio una ganancia anual estimada en 218 millones de dólares. El cerro de San Pedro fue borrado del mapa en cinco años, a cambio de mil millones de dólares, pero la destrucción avanza y ahora pretende derribar las iglesias y todas las demás edificaciones del pueblo, porque el precio actual del oro ronda los mil 900 dólares por onza.
Para el ingeniero Martínez Ramos, “ese dinero le basta y sobra a Minera San Xavier para comprar la simpatía de todas las autoridades”.
Este reportero comprobó que a pesar de los datos, aún no documentados, según los cuales la contaminación del suelo, del agua y del aire ha incrementado las muertes por enfermedades de tipo degenerativo, la empresa es custodiada por el Ejército, al que le construyó un cuartel a la medida; además, cuenta con la bendición de don José Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí; el aval técnico y científico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la protección de todas las instancias de gobierno a escala municipal, estatal y federal.
Tantos poderes, tantas influencias, acabaron por engendrar un monstruo jurídico, pues luego de ocultar el fallo adverso a Minera San Xavier que el Tribunal Superior emitió el pasa- d o 10 de noviembre, el gobierno estatal publicó el 26 de marzo de 2011 un decreto para anunciar que Cerro de San Pedro cambió su uso de suelo –ya no es de “preservación de vida silvestre” sino de “explotación minera”– y el de cuatro municipios que la rodean, incluyendo la ciudad de San Luis Potosí, que de tal suerte en un descuido también podría ser destruida con cargas de explosivos, para que los canadienses extraigan el oro que recubre los altares de sus iglesias...
En consecuencia, el pasado 11 de agosto Semarnat le otorgó una nueva autorización de impacto ambiental.
Es, resume don Mario, la misma táctica que usan hace más de 15 años: “se cobijan en documentos ilegales, que mientras son echados abajo por los jueces les permiten ganar tiempo para seguir trabajando. Lo que todos los mexicanos debemos preguntarnos es: ¿dónde está la riqueza que han obtenido las mineras en México? Aquí ni siquiera pagan impuestos”
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