miércoles, 18 de enero de 2012

ENTREVISTA CON EL FUNDADOR DEL FAO PARTE III

Mineras logran control territorial y son poderes de facto• El Estado pierde la autoridad ante las transnacionales

• Cooptan gobiernos, instituciones, iglesias y universidades
• San Xavier ha operado por años sin permiso lícito
• FAO ha ganado tres sentencias definitivas, nadie las ejecuta

Javier Hernández Alpízar, tercera y última.– Las minas a cielo abierto dan a las empresas transnacionales (en el caso de México, la inmensa mayoría canadienses) un control territorial que las vuelve poderes de facto, explicó Mario Martínez Ramos, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), y también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA): “En lo político, de esa cuarta parte del país (aproximadamente 25% del territorio nacional está concesionado a minas), el gobierno pierde el control político, ellos imponen presidentes municipales, gobernadores.

En la última parte de esta entrevista, don Mario Martínez cuenta cómo la Minera San Xavier perdió todos los procesos legales ante el Frente Amplio Opositor, pero nunca ha cerrado, por la corrupción del Estado y de todos los niveles de gobierno en México y en San Luis Potosí.

El FAO presentó, como prueba ante un juzgado, un video en el que, en sesión de Cabildo, el presidente municipal le pidió a sus funcionarios dar los permisos, que durante meses había negado, porque estaba amenazado –dijo llorando– de muerte por el gobierno federal, el estatal y la empresa.

La lucha jurídica ha sido siempre en ese tenor: La ley contra el poder de facto. “Fíjate, el control y el poder de estas empresas. En el Cerro de San Pedro, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio el permiso en 1999, de forma ilegal, violando los decretos (de área natural y patrimonio histórico protegidos), y otras leyes, metimos un Juicio de Nulidad, que, pasando todas las instancias, llegó hasta a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la máxima autoridad administrativa en México, y hasta el 2004, después de pasar por muchas instancias, el Tribunal Colegiado dijo: “El proyecto de San Xavier es ilegal. Y queda anulado”, porque violó tales y tales decretos. La resolución, la sentencia, fue lisa y llana, que, en lo jurídico es definitiva. No tiene retroceso ya, queda como cosa juzgada, Eso fue el primero de septiembre de 2004. ¿Cuántos años hace?, y ahí está la Minera trabajando.

La cooptación de autoridades, gobiernos e instituciones

Tienen el poder de comprar jueces, magistrados. Tenemos a dos magistrados de la Sala Superior indiciados. Tres veces han juzgado el mismo caso. Cosa que no se puede, juzgar a alguien dos veces por la misma causa. En este caso, ya se juzgó tres veces, y las tres ha quedado como cosa juzgada, y siguen, están ahí. Porque tienen un control… Metes demandas, y el caso, dices, lo tienes ganado.

Llega la empresa minera, que tiene su grupo de choque preparado. Le dice: “Necesito esas tierras, son ejidales, los ejidatarios no quieren el proyecto. Hacemos un contrato y me lo firmas, tú réntame las tierras”. Porque hay un acta de Asamblea Ejidal. Y le dicen: “Pero es que ahí está el pueblo también, dentro del contrato que usted quiere que firme”. “Yo respondo, tú fírmale. Te voy a pagar tanto anual”. Y un grupo de gente que no era del pueblo, no eran ejidatarios ni posesionarios de la tierra, ni dueños, le rentó a la Minera San Xavier 298 hectáreas de terreno, y le rentó todo el poblado, la presidencia municipal, los templos, las casas habitación, todo está rentado a la Minera San Xavier. Y ese contrato no lo pueden echar abajo los ejidatarios, porque el Tribunal Agrario dijo: “Es ilegal ese contrato, pero yo no soy autoridad judicial”. Pero quienes lo rentaron merecen otro tipo de juicio, una demanda penal. Mete y mete demandas penales. Hasta México se han ido a meter, y ahí las avientan. Es el control que tienen las empresas.

La corrupción de universidades e investigadores

A las universidades las tienen controladas. Ahorita, en San Luis, hay un escandalazo por eso. Las empresas mineras, para avalar sus ilegales contratos, agarran a la universidad, y le meten dinero, apoyos. Entonces ellos piden: “Que sea la universidad, una institución independiente, autónoma, imparcial, la que diga si el proyecto es bueno o malo”. Pero primero ya los cooptó y la universidad dice: “Sí, sí se puede. Nada más hagan esto y lo otro”. Y las controla.


Después, ya cuando les dan el permiso, se forma una comisión –y eso es en donde quiera, no nada más en San Pedro– que va a dar seguimiento, a vigilar para que la empresa cumpla todos los requisitos que le pusieron. Le ponen condiciones: “Vas a operar, pero vas a estar monitoreando. Haz un pozo y vas a estar monitoreando el acuífero. Y están sacando muestras, y cuando ya esté contaminado, ahí le paras”. Así, son las condicionantes.

La calidad del aire. “Nos vas a dar, como comisión, un informe de la contaminación del aire. Nosotros te decimos si es aceptable de acuerdo con las normas ecológicas, o de salud, o si no”. Claro que siempre salen bien. Porque, entonces, estos investigadores de la universidad, las empresas, como en el Cerro de San Pedro, les dicen: – Necesito un estudio que diga que la calidad del aire es buena, ¿cuánto me cobran? – Pues te cobramos tanto. Entonces la calidad del aire sale buena, la del agua sale buena, están cumpliendo con todo. Así están.

En otras partes, hasta las empresas les dan, y la universidades tienen, acciones de las empresas, como apoyo. Y los tienen controlados. Tienen control de la iglesia, de la universidad, de jueces, todo. Es un problema de verdad grave, el de las mineras.

“Ni los cárteles tienen redes de corrupción tan grandes como los tienen las empresas mineras, te lo aseguro”, dijo el representante del FAO.

La presión política, la tercera lucha del FAO

La pregunta es ¿cómo pueden enfrentarse a eso? El entrevistado respondió:

Estamos dedicados nada más a eso. Ingenieros, abogados especialistas en derecho agrario, administrativo, geólogos, hidrólogos, que nos movemos y cada vez estamos… como ahorita, hubo una resolución en la cual, por tercera vez, la Sala Superior le dice a la empresa: “Ese proyecto es ilegal, así que debe pararlo”.

Lo que pasa es que vamos con la Semarnat. Hacemos manifestaciones, le hacemos un despapaye ahí afuera de sus oficinas, en México. La resintió, y dijo: “Voy a decirle a la Minera San Xavier que voy a dar ejecutoria a lo que dicen los tribunales”. Y le dice la Minera San Xavier: “De acuerdo con la sentencia del tribunal y tal, en relación con el permiso que otorgué en 1999… y porque el tribunal sentenció que se violó esto y esto, queda sin efecto el permiso que te di para que operaras”. Y dice: “Ya cumplí”. ¿Pero: no se para? Bueno, ahí está la Profepa, que es el brazo ejecutor. Y la Profepa dice: “Pero yo no soy poder judicial. Yo, si voy, voy a hacer una inspección de rutina, pero no puedo ejecutar una resolución de un tribunal, es otra cosa”.

Entonces fue y dijo: “A mí, mi reglamento me dice que vaya yo e inspeccione, a ver si tienen permiso”. Pero ¿qué tienen que ir a ver? Les hemos ganado tres veces, y aquí está el documento que dice que no tienen permiso, qué caso tiene que vayan a preguntarle a la minera: “¿Tienes permiso?” Si aquí está diciendo que no tienen. “No, no, yo no puedo ir por otro lado”, dice Profepa. “Tengo veinte días y vengo y analizo. Y si no tienen permiso, les digo: Tienes que arreglar tus papeles. Y si me pide un plazo, tengo que dárselo. Y si mete un amparo, tengo que respetar el amparo”. Así se la ha llevado.

Así se han pasado seis años (contados en 2010), operando sin un solo permiso. El tribunal te dice: “Ya cumplí, ya dije que ese proyecto es ilegal, ahora busquen la autoridad adecuada para que vaya con la fuerza pública y los saque de ahí, pero yo ya cumplí”.

Ya metimos una demanda penal contra el delegado de Profepa en San Luis. Ya lo traemos al ahí, por desacato. González Schmal nos está ayudando a hacer una demanda penal contra Patrón Laviada (en ese tiempo, titular de la Profepa), y no les van a hacer nada, pero es una medida de presión, de estarlos jode y jode. Igualmente metemos una contra un juez.

La gente de la comunidad está asustada. Voy al pueblo, yo nací en ese pueblo, tengo familia ahí, fuimos mineros, pero hay gente que llego y me dice la gente, a escondidas: “Sabes qué, no puedo platicar contigo, porque me tienen amenazado, si no, nos golpean”. Tienen prohibido que platiquen con los opositores.

Nuestra lucha ya no es ambiental ni jurídica, esas ya las ganamos: Ahora es política: Presionar por todos los medios a las autoridades federales para que se cumpla lo mandatado los tribunales. La presión es demandando al procurador, a los jueces, hacerle escándalos a Profepa, exhibirlos.